Las personas entre 18 y 29 aos son el grupo menos preocupado por la okupacin (69%) y el 21% cree que se exagera «por motivos ideolgicos»
La ocupacin de casas habitadas o segundas residencias se conoce como allanamiento de morada; la ocupacin de casas vacas, como delito de usurpacin, y un inquilino que impaga su alquiler no es, jurdicamente, un okupa, sino una persona que incumple un contrato civil y como tal debe resolverse por esa va. Pese a las diferencias, todas estas circunstancias se conciben como okupacin y cada vez hay ms espaoles que temen ser vctimas de este fenmeno.
En concreto, uno de cada cuatro cree que hay posibilidades «medias o altas» de que le okupen su vivienda (24%), segn un estudio elaborado por Lnea Directa Aseguradora a partir de los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda Espaa. De acuerdo con el informe, el 77% de los entrevistados cree que este fenmeno es ya un problema social en nuestro pas y slo el 8% considera que se trata de un «fenmeno residual sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos polticos».
La compaa, que lanz un seguro antiokupacin a principios de verano, ha constatado en su da a da el crecimiento de la inquietud, hasta el punto de que «ms de la mitad» de los usuarios que contratan con ellos una pliza de hogar demanda la cobertura de okupacin. «Sobre todo para primeras viviendas y en las zonas donde se registran ms casos», ha explicado Mar Garre, directora de Personas, Comunicacin y Sostenibilidad de Lnea Directa Aseguradora, en la presentacin de los datos este martes.
Las conclusiones de la encuesta evidencian la dualidad con la que se aborda la okupacin en Espaa, a medio camino entre la fotografa que arrojan los nmeros y la sensacin de desproteccin que se ha generado en la sociedad. De acuerdo con los datos, en los ltimos cinco aos -entre 2018 y 2022- se han acumulado en el pas ms de 75.000 denuncias por esta cuestin, un 37% ms; no obstante, en 2022, el dato de denuncias (2.785) fue inferior a las 3.478 de 2021, las 3.446 de 2020 y las 4.017 de 2019.
Por otro lado, la percepcin de inseguridad por parte de los propietarios ha ido en aumento. Un 77% de los encuestados cree que la okupacin ya es un problema social en Espaa y casi un tercio, un 31%, asegura conocer a otra persona que ha resultado afectada por este problema. Catalua (83%), Andaluca (81%) y Cantabria (81%) son los territorios donde los ciudadanos se muestran ms alarmados por la proliferacin de casos, segn Lnea Directa Aseguradora, coincidiendo con los territorios donde ms denuncias se registran: Catalua (650), Andaluca (535) y Comunidad Valenciana (390).
Las mujeres y el grupo de edad entre 30 y 44 aos son los ms preocupados por la evolucin del fenmeno, sin embargo, resulta llamativa la concepcin de los ms jvenes. Atendiendo a la encuesta elaborada por la aseguradora, las personas entre 18 y 29 aos son el grupo menos preocupado por la okupacin (69%) y el 21% cree que se exagera «por motivos ideolgicos».
Una de cada tres personas de ese grupo considera que la principal razn de la okupacin es la dificultad de acceso a la vivienda por el alto precio; el 32% ve aceptable okupar viviendas de entidades jurdicas y el 20% viviendas principales.
Causas
Preguntados sobre las causas, un 28% de los interrogados apunta que la razn principal de los casos de okupacin es la lentitud de la justicia, seguida por la permisividad de los polticos (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido al alto precio (23%). Adems, casi 3 de cada 4 ciudadanos (73%) piensan que las penas para este tipo de prcticas «son muy laxas» y que «no existe seguridad jurdica».
En el lado de las posibles soluciones, el 60% de los encuestados coincide en que el endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos sera la principal medida, muy por delante de otras como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la accin policial sobre las mafias organizadas (31%).
El proceso de desalojo que, segn los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial puede tener una duracin superior a los 20 meses, es otro de los objetos de debate. En este sentido, el 53% de los espaoles es partidario de un desalojo de la polica sin intervencin del juez en caso de que no se demuestre in situ la propiedad o la existencia de un contrato vinculante. El 35% est a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho ms reducidos. Adems, el 76% de los encuestados estara dispuesto a contratar un seguro «antiokupacin», siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas ms valoradas.