La prisión del condado de Fulton, en Georgia, ha hecho historia este jueves. En esta cárcel, cuyas condiciones para los presos son tan peligrosas que se encuentra bajo una investigación oficial, ha comparecido el expresidente de Estados Unidos Donald Trump para quedar fichado como imputado por —entre otras cosas— liderar una asociación de tipo mafioso para alterar los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Es la primera vez que se toma una fotografía policial a un presidente de Estados Unidos en activo o retirado. Una fotografía que ya quedará para siempre.
La ficha policial le adjudica el “número de preso PO1135809″ y le describe como un varón blanco, de 97,5 kilos de peso y 192 centímetros de alto, de cabello rubio y ojos azules. Y detalla los cargos, desde la violación de la ley estatal contra la delincuencia organizada a las presiones sobre funcionarios públicos para que faltaran a sus obligaciones, pasando por la conspiración para falsificar documentos.
Como el animal mediático que es, Trump había calculado perfectamente los tiempos de su comparecencia para que le tomaran las huellas digitales y la fotografía. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, le había dado al imputarle diez días para hacerlo, pero él escogió este jueves, el día después de que el resto de candidatos presidenciales republicanos acapararan los focos con su primer debate televisado antes de las primarias. Y la franja horaria en la que se trasladó a la prisión, en torno a las 19.30 (1.30 en la España peninsular), es la de mayor audiencia televisiva. La expectativa de verle entrar en prisión y sus imágenes descendiendo del avión privado que le trajo desde su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey) desplazaron casi por completo a sus rivales en la atención de los medios, hasta conseguir que menos de 24 horas después del debate apenas se hablara ya de ellos y la conversación se centrara de nuevo en él.
En el camino a la prisión, Trump recibió un trato presidencial: como en sus comparecencias previas como imputado en tres casos distintos, fue recibido por una comitiva a pie de avión y se trasladó a Fulton en una caravana de vehículos del servicio secreto. En la prisión, fue un sospechoso más. Tuvo que pasar por todos los procedimientos rutinarios para quedar fichado y depositar los 200.000 dólares de fianza acordados entre sus abogados y la fiscalía para quedar en libertad a la espera de juicio. Sus condiciones de fianza también incluyen estrictos límites para impedir posibles amenazas a testigos o implicados en el caso.
Trump había utilizado las horas previas a su arresto para arremeter, como suele, contra Willis, a la que acusó de ser una “izquierdista radical” y fomentar un aumento de la delincuencia en Atlanta. Después de 23 minutos en el interior de la prisión, y ya de regreso en el aeropuerto para tomar el avión de vuelta, volvió a repetir las acusaciones que profiere tras cada comparecencia judicial: “esto es una injerencia electoral”, “es un triste día para Estados Unidos”, “no hemos hecho nada malo”.
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Aprovechaba, incluso, para regresar a Twitter —ahora, X—, dos años y medio después de que la red social le suspendiera la cuenta después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por simpatizantes del republicano después de meses de escuchar de boca de Trump y sus asesores que el verdadero ganador de las elecciones había sido él. Aunque Elon Musk le devolvió la cuenta tras adquirir la compañía, el expresidente había preferido continuar sus comunicaciones a través de su propia red social, Truth. Para su regreso, envió un mensaje con su foto policial y los lemas “Interferencia electoral” y“¡Rendición Nunca!”, además de un enlace a una página para recibir donaciones para su campaña electoral.
Mientras se aguardaba al expresidente en Fulton, Fani Willis había propuesto el 23 de octubre para comenzar el juicio contra otro de los 19 acusados en el caso, el abogado Kenneth Chesebro, que había pedido un proceso rápido. El juez Scott McAfee, encargado del caso, ha dado su visto bueno. Esa fecha no se aplicará necesariamente a Trump y el resto de sospechosos.
Al presentar el pliego de cargos la semana pasada, Willis había declarado que quería un juicio rápido para los 19 imputados. No está claro que lo vaya a conseguir. Tres de ellos, entre los que se cuenta Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca en la era trumpiana, pretenden que su caso se traslade a un tribunal federal. Y el expresidente no desea un proceso rápido; de hecho, su estrategia se basa en retrasar lo más posible los casos, para exprimir el considerable beneficio electoral que le está reportando el presentarse como víctima, y a la espera de las presidenciales del año próximo. Si venciera, se le abriría la puerta a un autoindulto en sus casos federales.
Para el antiguo inquilino de la Casa Blanca y aspirante a regresar a ella, las comparecencias judiciales se han convertido casi en algo rutinario. La presentada por Willis, que le acusa de trece cargos —asociación para delinquir, presión sobre testigos y conspiración para falsificar documentos, entre otros—, es ya su cuarta imputación. Pero sí era la primera vez que tenía que presentarse en una cárcel: las tres veces previas acudió a los juzgados para declararse no culpable ante un juez que le leyó las acusaciones contra él. El sheriff del condado, Pat Labat, había declarado que el antiguo mandatario no recibiría ningún trato de favor y tendría que pasar por los mismos procedimientos que cualquier otro sospechoso.
En un giro que hubiera sorprendido en cualquier otro caso, pero muy de la marca Trump, el expresidente relevó solo horas antes de su comparecencia al abogado que había dirigido su defensa en este caso, Drew Findling. Su sustituto es Steven Sadow, un letrado de Atlanta que presentó la documentación para representar al expresidente a primeras horas del jueves. La página web de su bufete le describe como especialista en “defensa de casos notorios y de guante blanco”.
“El presidente nunca debió haber sido imputado. Es inocente de todos los cargos presentados contra él”, ha alegado Sadow en un comunicado. “Esperamos que el caso quedará archivado o, si es necesario, que un jurado imparcial y abierto de mente declarará inocente al presidente. Imputaciones pensadas para promover y ayudar a las carreras y ambiciones de los oponentes políticos del presidente no caben en nuestro sistema judicial”.
Los argumentos del abogado defensor se encuentran en la misma línea a la que ha recurrido Trump a lo largo de su ya abultado historial de imputaciones. En sus cuatro casos pendientes, el antiguo mandatario afronta un total de 91 cargos que pueden reportarle más de un siglo de cárcel, pero él se dibuja a sí mismo como una víctima inocente de un sistema judicial politizado, al servicio de unos poderes demócratas que tratan de impedir por todos los medios que él vuelva a la Casa Blanca y defienda a los estadounidenses de a pie.
Es un discurso que ha calado entre las bases republicanas: antes del debate del miércoles, la media de encuestas le otorgaba una intención de voto del 52,2% entre los votantes de este partido, mientras que su inmediato seguidor, el gobernador de Florida Ron DeSantis, se queda en un 14,5%.
Los problemas judiciales de Trump comenzaron en marzo, cuando el fiscal de Manhattan Alvin Bragg le imputó por falsificación contable por el pago a la actriz porno Stormy Williams cuando comenzaba la campaña electoral de 2016 para que guardara silencio sobre su supuesta relación sexual. En junio, el fiscal especial Jack Smith presentó cargos contra él por haber retenido en su poder de modo ilícito documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. A comienzos de este mes, Smith volvió a acusarle, esta vez de intento de manipulación de los resultados de las elecciones de 2020, cuando el demócrata Joe Biden le derrotó por siete millones de votos en sus intentos de renovar la presidencia por cuatro años más.
En Georgia, esa diferencia fue de apenas unos miles de votos: exactamente, 11.779 más para el demócrata. El estrecho margen de derrota en ese estado, tradicionalmente republicano de pura cepa, indignó especialmente a Trump, que insiste aún hoy en que él fue el ganador legítimo de los comicios de hace tres años.
El pliego de cargos recoge una conversación, publicada entonces por el Washington Post, entre el entonces presidente y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que Trump pide el 2 de enero de 2021 al funcionario, también republicano, que le “encuentre” 11.780 votos, el número necesario para derrotar a Biden. También acusa al expresidente de participar en una trama para que electores falsos votaran a su favor en la ceremonia de ratificación de los resultados de los comicios en el Congreso de EE UU.
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