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La reforma de las pensiones dio un nuevo paso adelante con la inclusión de medidas que buscan adaptar el sistema a las necesidades actuales de trabajadores y empresas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, pidió al Partido Popular (PP) que apoye esta iniciativa en el Congreso, subrayando la importancia de asegurar un amplio respaldo político a una reforma que incluya herramientas clave como la jubilación parcial flexible, la compatibilidad entre salario y pensión , y la extensión del contrato de ayuda a sectores ajenos a la industria manufacturera. En su intervención, Álvarez destacó la necesidad de compromiso político para sacar adelante el plan: «Pido al PP que acepte y apoye este proyecto, que es crucial para el futuro del sistema de pensiones».
Aunque aún no se ha confirmado la posición oficial del PP sobre la reforma, fuentes cercanas al partido han señalado que el contenido del acuerdo alcanzado en el diálogo social está en línea con algunas de las propuestas que han defendido en el pasado. Sin embargo, las mismas fuentes evitaron decir si su partido votará «a favor» o «abstenerse» en el debate parlamentario. Por su parte, el PSOE, que necesita una mayoría simple en el Congreso para avanzar con la reforma, sigue esperando los movimientos del PP mientras busca consolidar el apoyo necesario para asegurar la aprobación.
Prórroga de contrato por relevo y jubilación parcial
Uno de los ejes del acuerdo es la ampliación del contrato de ayudas, una herramienta clave en la industria manufacturera y que ahora se plantea extender a otros sectores manufactureros. Esta modalidad permite a los trabajadores con amplia experiencia laboral acceder a la jubilación parcial hasta que sean sustituidos por trabajadores más jóvenes con contrato indefinido. Según el nuevo acuerdo, este plan se implementará con un seguimiento inicial de cuatro años para evaluar su implementación en las nuevas áreas.
La reforma introduce también cambios significativos en las condiciones de acceso a la jubilación parcial. Se amplía de dos a tres años el plazo durante el cual los trabajadores pueden acogerse a esta modalidad a partir de los 62 años, siempre que hayan acumulado al menos 33 años de aportes y seis años de servicio en la empresa. En cuanto a la reducción de jornada, queda la posibilidad de que se reduzca al 75% en los últimos años de trabajo. También se incluye una nueva opción que permite una reducción inicial de entre el 20% y el 33% en el primer año, dando a los trabajadores más flexibilidad para planificar su transición a la jubilación.
Otro cambio significativo es el requisito de sustitutos en el acuerdo de liberación. Deberán tener un contrato indefinido a tiempo completo, lo que refuerza el compromiso con la estabilidad laboral. De igual forma, las empresas que deseen acogerse a esta modalidad deberán asegurarse de que al menos el 75% de su personal esté contratado de forma permanente, lo que pretende incentivar una mayor formalización del empleo.
Un aumento gradual en el costo del negocio.
El acuerdo también establece un aumento progresivo de las aportaciones empresariales relacionadas con la jubilación parcial. Este aumento se implementará por etapas: 40% en 2025, 50% en 2026, 60% en 2027, 70% en 2028. y el 80% en 2029. Estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones equilibrando las necesidades de los trabajadores con las capacidades de las empresas.
Proceso legislativo y posibles escenarios
El gobierno ahora enfrenta el desafío de garantizar que la reforma no caiga en la trampa del proceso legislativo. En el pasado, este tipo de medidas requerían una prórroga anual, como ocurrió el año pasado cuando se prorrogó extraordinariamente la actual legislación sobre jubilación parcial. Sin embargo, esta práctica corre el riesgo de dejar en un limbo legal a miles de trabajadores y empresas que dependen de estas herramientas.
Ante esta situación, el ejecutivo maneja dos posibles vías. Por un lado, podría optar por una nueva prórroga de la legislación actual hasta que finalice el proceso de reforma parlamentaria. Por otro lado, se plantea la posibilidad de aprobar un real decreto de urgencia, que permita implementar de forma inmediata las medidas más prioritarias, evitando así interrupciones en su ejecución.
El proceso parlamentario, que incluye la presentación de la reforma en el Congreso, su debate en comisión y pleno, y su posterior paso por el Senado, puede durar varios meses. Después de pasar estas etapas, la ordenanza final debe ser aprobada por el Consejo de Ministros para reemplazar formalmente la ordenanza existente.
Un paso clave para trabajadores y empresas
La reforma propuesta busca equilibrar los intereses de trabajadores y empleadores, adaptando el sistema de pensiones a la realidad actual del mercado laboral. La ampliación del contrato de relevo y la flexibilización de la jubilación parcial son medidas que no sólo benefician a los empleados de mayor edad al permitirles una transición gradual a la jubilación, sino que también abren oportunidades para la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, fomentando el relevo generacional.
Por su parte, las empresas, especialmente en sectores con una alta demanda de mano de obra cualificada, valoran estas herramientas como una forma de asegurar la transferencia de conocimientos y experiencias entre generaciones. Sin embargo, algunos empleadores han expresado preocupación por el aumento de las contribuciones, diciendo que podría crear una carga adicional en un entorno económico que ya es difícil.
El papel del diálogo social
La reforma es el resultado de un amplio proceso de diálogo social entre el gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Este consenso refleja la importancia de construir acuerdos amplios para abordar desafíos estructurales como el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, el apoyo del PP en el Congreso será crucial para garantizar que la reforma se haga realidad, especialmente dada la necesidad de una mayoría simple para aprobarla.
En este contexto, Pepe Álvarez destacó la importancia de superar las divisiones políticas y centrarse en el interés común. Según el dirigente sindical, esta reforma no sólo cubre las necesidades actuales, sino que también sienta las bases para un sistema de pensiones más justo y sostenible en el largo plazo.
Una reforma con impacto a largo plazo
La reforma de las pensiones representa un esfuerzo significativo del gobierno y los agentes sociales para modernizar un sistema que enfrenta desafíos cada vez mayores debido al envejecimiento de la población y los cambios en el mercado laboral. La combinación de medidas como la ampliación del contrato de asistencia, una mayor flexibilidad en las jubilaciones parciales y aumentos progresivos de las cotizaciones buscan asegurar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la protección de los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para superar las dificultades políticas y legislativas que aún existen. Con el apoyo del PP aún en el aire, el resultado de esta reforma será un indicador clave de la capacidad de las instituciones para generar consenso sobre cuestiones fundamentales para el futuro del país.
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